Llevamos el diseño, implementación y gestión de los protocolos para evitar la responsabilidad penal de las entidades por las actuaciones ilegales realizadas por su staff, dado que desde el año 2010 todas las entidades jurídicas no públicas están sujetas a la responsabilidad penal directa por un doble motivo: (i) por las actuaciones de sus representantes legales o administradores, de hecho o de derecho, y (ii) por las actuaciones realizadas por sus trabajadores si no se ha ejercido sobre ellos un control adecuado.
La entidad será responsable penal aunque no se haya identificado el autor o no se haya seguido un procedimiento contra él y serán responsables a la vez tanto el autor como la entidad, es decir, una responsabilidad no excluye la otra. Además, los posibles atenuantes del autor no son de aplicación a la entidad.
Las consecuencias penales para las entidades son muy graves ya que, entre otras, pueden imponerse multas que pueden llegar hasta 10 veces el beneficio obtenido, disolver la entidad, suspender las actividades, clausurar locales, inhabilitar para recibir subvenciones, para contratar con el sector público, para obtener beneficios fiscales o de la Seguridad Social.
La responsabilidad penal puede ser exonerada o tener atenuantes si la entidad dispone de políticas de control interno (corporate compliance).
Por lo tanto, es imprescindible disponer de protocolos que detecten y prevengan las actuaciones ilegales e identifiquen las actividades en las que se pueden cometer. También se ha de imponer al staff la obligación de informar de posibles riesgos y de incumplimientos y establecer un sistema disciplinario que sancione el incumplimiento de las medidas establecidas.
Los protocolos deben ser revisados y actualizados de forma periódica y dejar constancia de que se ha hecho. En todo caso, no son válidos para la exención de responsabilidad los protocolos que sólo estén destinados a un cumplimiento meramente formal.
Tal como hemos dicho al principio, nosotros nos encargamos de diseñar, implementar y gestionar los protocolos de prevención de delitos, con la elaboración de un código ético, si es necesario, y planes de formación e información a todo el staff, tanto los administradores y directivos como a los trabajadores.